Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada
La obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales está normada por leyes de ética pública locales y por las constituciones provinciales. En el caso de la Justicia Federal, la Ley de Ética Pública y las convenciones internacionales contra la corrupción, ratificadas por Argentina, exigen que los funcionarios transparenten ingresos, activos y pasivos, permitiendo su publicación como mecanismo de control ciudadano y prevención de posibles delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
La investigación también incluyó el análisis de antecedentes laborales y vínculos políticos de los magistrados, revelando que, de los 138 jueces relevados en todo el país, 88 registran algún nexo previo con gobiernos o funcionarios locales. En San Juan, no se difundió información sobre antecedentes, lo que deja la Corte local fuera de la transparencia pública observada en otras provincias. T de San Juan
