La Justicia confirmó que más 8.000 empleados provinciales reciben el Potenciar Trabajo, ¿figura San Juan?
La decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Pero lo hacen de manera lenta. Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″. Cada uno de esos beneficiarios estarían en condiciones de ser dados de baja, un hecho que, según la normativa del programa debería ser automático.
¿Qué pasa con San Juan?
De acuerdo a los datos que comparte Infobae, San Juan forma parte de las 14 provincias, junto con CABA, que no han respondido a los requerimientos de la Justicia Nacional, pese a haber sido intimados en dos oportunidades por parte del fiscal Marijuan.
Dentro del grupo se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Como se explicó, la provincia de Buenos Aires respondió de manera parcial.
En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo -que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por el cambio de gobernadores”.
Un dato no menor es que entre las incompatibilidades del programa nacional, existe “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales”. A su vez puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
Infobae