Enviaron al penal a la empleada del Registro Civil de Pocito acusada de ser parte de una banda de falsificadores y estafadores
El caso que destapó la olla fue el del bonaerense Hipólito Diego Martín, un vecino de Tandil que en diciembre último descubrió que alguien había obtenido un triplicado de su DNI. Al mismo tiempo empezaron a llegarle deudas por préstamos en casa financieras y créditos en comercios de San Juan por 11.412.000 pesos, que él nunca había solicitado.
Martín realizó la denuncia en la Justicia de Buenos Aires y a través del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) confirmaron que su DNI había sido renovado en el Registro de Civil de la ciudad de Pocito, San Juan. Lo sorprendente fue, según los registros del organismo, su nuevo documento tenía la foto de otro hombre. Las pericias mediante el reconocimiento facial permitieron constatar que esa otra persona que había usurpado la identidad del bonaerense Hipólito Martín era un tal Marcos Esteban Vallejo, con domicilio en Chimbas, San Juan.
En función a estos elementos, la Justicia de Buenos Aires se declaró incompetente y envió todo lo actuado a la Justicia de San Juan. Esto porque la maniobra delictiva se había cometido en esta provincia. A partir de ese momento el caso pasó a manos del fiscal Fernando Alcaraz, quien junto con personal de Gendarmería Nacional profundizó la investigación.
En ese marco, establecieron que Vallejo habría realizado, al menos, dos transferencias de por lo menos 500 mil pesos a la cuenta bancaria de otro posible involucrado, Rodrigo Navarro Pozo. Según versiones judiciales, también descubrieron posibles vínculos entre el primer sospechoso y Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide, un conocido estafador. Este último ya estaba cumpliendo detención domiciliaria por otra causa penal.
Así fue cerrando la hipótesis de la banda integrada por la empleada del Registro Civil, como la supuesta encargada de falsificar el o los DNI y proporcionárselos a Marcos Vallejo, Rodrigo Navarro Pozo y Rolando “El Narigón” Navarro Saide para que cometieran las defraudaciones, según la acusación. Esto derivó en sus detenciones el 30 de junio último y el fiscal Alcaraz les imputó los delitos de falsificación de documentos públicos y estafas.
El juez de garantías Leopoldo Rago Gallo dispuso el plazo de 120 días para la investigación y ordenó la prisión preventiva para Natalia Castillo, a la vez que dispuso la excarcelación de Vallejo y Navarro Pozo, previo al pago de una caución real –fianza- de 1.500.000 pesos y 500.000, respectivamente. En el caso de “El Narigón” Navarro Saide, resolvió que continúe con detención domiciliaria.
La abogada María Filomena Noriega, defensora de Castilllo, apeló la medida de la prisión preventiva. El defensor oficial Sergio Herrero hizo lo mismo con respecto a la fianza impuesta a Vallejo, entonces los pedidos de impugnación fueron resueltos por el juez federal mendocino Juan Ignacio Pérez Curci.
Esta semana se conoció que el magistrado no hizo lugar a los planteos de los defensores Noriega y Herrero y ratificó la prisión preventiva de la empleada del Registro Civil. Con relación a Marco Esteban Vallejo, le subió la caución real de 1.500.000 a 2.500.000 pesos.
Ahora todo está bajo investigación. Entre otras cosas, tratarán de determinar la procedencia y la originalidad o no de esos 162 documentos secuestrados en la casa de Castillo y si se cometieron más estafas. Mientras tanto, Natalia Castillo permanecerá alojada en el Servicio Penitenciario Provincial. Distinta es la suerte de Vallejo y de Navarro Pozo, que pagaron sus respectivas fianzas y ya recobraron la libertad. “El Narigón” Navarro Saide continúa preso en su casa. T San Juan
