Investigacion: Acueducto gate: en Fiscalía de Estado no descartan que se hayan ocultado pruebas

En el marco de la investigación por el “Acueducto gate” en San Juan, el fiscal de Estado de la provincia, Sebastián Dávila, habló como parte querellante de la causa judicial que esta semana tuvo importantes novedades, develadas como primicia por TIEMPO DE SAN JUAN sobre la construcción del Acueducto Gran Tulum, respecto de que los caños instalados para transportar agua potable serían tóxicos para el ser humano.

Dávila, en diálogo con Radio Sarmiento este viernes, se refirió al proceso de recolección de evidencia y admitió que existe la posibilidad de que parte del material probatorio haya sido alterado o desaparecido antes de que la actual gestión pudiera asegurarlo. Aunque destacó que actualmente cuentan con un volumen importante de documentos, la sospecha sobre maniobras ocurridas en años anteriores está latente dentro del organismo que debe velar por el patrimonio provincial.

Al ser consultado sobre si el paso del tiempo podría haber facilitado la desaparición de pruebas, Dávila dijo que “la prueba está asegurada de aquellas cosas que se permitió asegurar, digamos. Y es bastante profusa la cantidad de documentación. Eso no quita que en algún momento haya desaparecido algo y eso sea posiblemente motivo de que se tenga que acreditar con algún otro elemento de prueba, por ejemplo. Nosotros analizando la documentación puede surgir alguna situación en donde corroboremos que falta algún elemento, por más que haya mucho volumen y que lo que se tenga esté asegurado desde hace ya un tiempo, esto no quita que, en el año 2020 ó 2021 se haya quitado algún elemento. Eso va a ser parte de la lectura y del análisis que se haga de esa documentación”.

Respecto a si efectivamente se detectó ya el ocultamiento de datos, el fiscal aclaró que “por lo menos hasta el momento no ha ocurrido”, aunque es una hipótesis que no se puede descartar en el análisis exhaustivo que están realizando.

El resonante caso tiene como protagonista al Acueducto Gran Tulum, una obra estratégica diseñada para abastecer de agua potable a un millón de sanjuaninos y financiada mediante un crédito kuwaití de 100 millones de dólares. En la justicia, tras una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia en base a una investigación periodística de TIEMPO DE SAN JUAN, cuestiona la licitación de la obra -que quedó en manos de una empresa alemana cuyo apoderado era el primo del ex gobernador Uñac, Gustavo Monti-, y pone el ojo en malversación de fondos, calidad de los insumos, entre otras potenciales irregularidades. En febrero pasado la Provincia se conformó como parte querellante.

La controversia estalló esta semana cuando informes técnicos de la consultora Interacción y certificaciones de Bureau Veritas revelaron que las tuberías provistas por la empresa Krah no son aptas para el transporte de agua potable, sino que están calificadas para uso en cloacas y desagües pluviales. Estos caños, según los estudios, podrían ser potencialmente tóxicos para las personas debido a la migración de partículas nocivas para el consumo humano.

Como la licitación, que involucró pagos superiores a los 1.300 millones de pesos, quedó bajo la lupa judicial tras denuncias que señalan presuntas irregularidades en la contratación de la firma vinculada a familiares del anterior gobierno, el resguardo de las pruebas es fundamental.

Ante este escenario, la Fiscalía de Estado decidió no depender exclusivamente del camino trazado por el Ministerio Público Fiscal y hace su propia investigación de los hechos. Sobre esta metodología, Dávila explicó que “nosotros hemos fijado un plan de trabajo propio que no necesariamente va de la mano con el de los fiscales, quienes son los directores de la investigación. Somos muy respetuosos de su trabajo, pero este informe es un elemento que puede sumarse a muchas otras cosas que surjan”. En ese sentido, destacó la importancia de la autonomía del organismo para aportar elementos que consideren pertinentes: “siempre solicitamos que se tenga en cuenta la autonomía en la investigación, que se nos permita realizar una investigación propia, cosa de que podamos aportar los elementos que nosotros creamos convenientes”.

Dávila aseguró que “tenemos mucho material probatorio, incluyendo todo lo que se publicó ayer. Nos hicimos parte querellante hace relativamente poco. Nuestro plan de trabajo por ahí no va a la misma altura que por ahí puede llegar a ir la investigación de los fiscales. Estamos trabajando con una metodología donde los abogados analizan distintas etapas: el inicio, la etapa intermedia y las partes finales del proceso de contratación y obra”, detalló.

El fiscal de Estado se refirió a la gravedad de los hallazgos técnicos que sugieren el uso de materiales no aptos. Al ser interrogado sobre si esto constituye un atentado contra la salud de la población, el funcionario manifestó que “si se corrobora que los caños instalados para llevar agua no cumplen su función, podría caber el calificativo de tentativa de delito contra la salud pública. Hay que analizar si se dan los elementos clásicos del tipo penal, pero a priori podría ser cierto. Atentar contra la salud pública es un delito grave. Suele ir acompañado de otras conductas tipificadas en el Código Penal que concurren para llegar a ese punto”.

Además, consultado sobre la empresa podría decir que esos fueron los caños que el Estado les pidió y si podrían trasladar la responsabilidad al Estado, Dávila afirmó que “justamente eso es lo que hay que investigar. Si el Estado requirió ese tipo de caños, la empresa mucho no tiene que ver, pero es parte de lo que se debe determinar sin aventurar afirmaciones ahora“.

Por otro lado, sobre si tendrán que declarar exfuncionarios o incluso el exgobernador Sergio Uñac, analizó que “no sé qué alcance de autoridades debe tener. Eso dependerá de los elementos que se recolecten en la investigación. Los fiscales dirigen el proceso, nosotros tenemos buen trato, pero nosotros como Fiscalía de Estado buscamos tener carácter autónomo para analizar la voluminosa documentación que hay”.

Sobre si encontraron algún otro elemento contundente como querellantes, Dávila se mostró cauto y dijo que “aportaremos todo lo que podamos, pero no puedo adelantar nada para no poner en riesgo la investigación”.

No obstante, sobre si detectaron otras situaciones irregulares, el fiscal de Estado se explayó diciendo que “por el momento no, pero tenemos datos que estamos investigando. Es un trabajo técnico que implica defender el patrimonio de la provincia, tal como lo exige la Constitución. En este caso es un proceso que llevará más tiempo y más carga de trabajo. Nosotros tenemos un buen equipo de abogados y todos están abocados siempre teniendo en claro que somos muy respetuosos de quien dirige la investigación, que es el fiscal Sebastián Gómez y el Dr. Pizarro, que están haciendo un gran trabajo. No tenemos ningún tipo de problema al respecto este ni de objeción a la tarea que hacen. Por eso también siempre en los escritos cuando nos constituimos como parte querellante, nosotros siempre solicitamos que se tenga en cuenta la autonomía en la investigación, que se nos permita realizar una investigación propia, cosa de que podamos aportar los elementos que nosotros creamos convenientes”.

Detalló que en la investigación propia de Fiscalía de Estado “tenemos mucho material probatorio”, incluyendo todo lo que publicó ayer TIEMPO DE SAN JUAN como primicia. No obstante, al consultarle si con lo que se tiene, se pueden avanzar en denuncias concretas, Dávila dijo que “no puedo responder eso en este momento; sería muy aventurado. Nuestro objetivo es defender los intereses de San Juan en todo sentido”. Y concluyó: “Los tiempos no son tan cortos como se quisiera, pero puedo asegurar que son firmes”.

La investigación judicial continúa su curso mientras se espera que otros organismos técnicos, como el INTI, ratifiquen la calidad de las cañerías para determinar si deben ser retiradas por completo. T de San Juan

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