La CAME reiteró sus advertencias por el proyecto de reforma laboral que impulsa el oficialismo en el Congreso. (Foto: NA – Daniel Vides) La CAME reiteró sus advertencias por el proyecto de reforma laboral que impulsa el oficialismo en el Congreso. (Foto: NA – Daniel Vides) Escuchar nota Compartir Seguinos en Google Las pymes reiteraron sus advertencias por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y hablaron de “animosidad con el sector empresarial”. -ADVERTISEMENT- El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, pidió que haya cambios en la propuesta, entre ellos a la prohibición de los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias. Leé también: Reforma laboral: Milei no quiere cambios, los gobernadores esperan plata y la CGT amenaza la Justicia Representantes de esta organización y de otras como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), le enviaron un documento al Senado con advertencias sobre cinco puntos del proyecto y se reunieron con los equipos técnicos de la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Diab dijo que trabajan en una contrapropuesta al proyecto, un “rearmado de la redacción de los artículos cuestionados, sin que el proyecto pierda el espíritu”: “Nos basamos en cinco puntos, acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores, la mayor preocupación que tenemos es generar certidumbre a la hora de desligar al personal”. El dirigente explicó en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: “Si bien la ley es clara (en cuanto a las indemnizaciones) la implementación es muy compleja y termina en cifras absurdas, esa es una de nuestras principales preocupaciones”. Las críticas de las pymes al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno Diab cuestionó entre otros el artículo 128 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, que veta los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, pero que mantiene los de los gremios: “Hablo de animosidad con el sector empresarial, dice se prohíbe los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, hay una puntuación especifica hacia un sector que trabaja por la representación del sector”. El jefe de la CAME también criticó el artículo 126, que determina la renegociación de los convenios colectivos de trabajo cuando venzan, a diferencia de lo que sucede actualmente: “Le da al Gobierno potestad de homologación de algo que entre las partes tenemos medianamente zanjado. Si empleador y empleado estamos de acuerdo el Estado no tendría que intervenir”. Diab advirtió: “En cuanto a las condiciones de negociación salarial, tenemos experiencia en paritarias, con profesionales, con análisis legal y económico, para poder sentarnos en la mesa. Delegárselo a un empresario que está preocupado y ocupado con su comercio no tiene razón de ser”. La CGT se reunió con sectores pymes para conseguir respaldos al rechazo de la reforma laboral (Foto: Captura de X/@SergioOPalazzo). La CGT se reunió con sectores pymes para conseguir respaldos al rechazo de la reforma laboral (Foto: Captura de X/@SergioOPalazzo). El directivo de las pymes cuestionó además el artículo 132, que le permite al Estado suspender convenios colectivos por motivos amplios como “distorsiones económicas graves” o “interés general”: “Determina que alguien, pretendiendo pensar que afectaría a las arcas del Estado, podría deshomologar algo convenido. Es algo que nos perturba, por más que se tenga algo acordado se podrían generar controversias”. Contrapunto entre las pymes En paralelo al reclamo de CAME, la CAC y Adimra para que se rechacen varios puntos de la reforma laboral, el secretario de la Cámara de la Pyme Metalúrgica de la República Argentina (Camima) e integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Luis Ammaturo se reunió Josefina Tajes, -asesora de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich-, para ratificar “su apoyo total e irrestricto al proyecto de Ley de Modernización Laboral” que debatirá la Cámara Alta en febrero. Según Camima hay “intereses que mueven a algunas cámaras y asociaciones empresarias que, junto a sindicatos se oponen a varios artículos del proyecto con el objetivo de debilitarlo, buscando solamente proteger sus privilegios y mantener su financiamiento en detrimento de la necesidad de pymes y trabajadores que dicen representar”. En ese sentido, la cámara reiteró “su rechazo absoluto a los aportes ‘solidarios´ obligatorios, directos o indirectos, a favor de cámaras empresarias, por considerar que vulneran el principio constitucional de libertad de asociación”. “Las pymes, y en especial las industriales, necesitan un marco razonable que les permita contratar sin enfrentar un riesgo jurídico ilimitado, y al mismo tiempo garantizar que los trabajadores accedan a empleo formal, con movilidad laboral, capacitación y oportunidades reales de progreso”, remarcó Ammaturo. Leé también: El mapa del Gobierno para las privatizaciones: pliegos, demoras y la presión por avanzar en 2026 En el mismo sentido, sostuvo que “una reforma laboral moderna permitirá que el sistema judicial se concentre en los casos que realmente requieren tutela, en lugar de sostener un esquema que incentiva la litigiosidad oportunista, destruye empleo y paraliza la inversión”. Además, destacó que el proyecto que se debatirá en el Congreso, “promueve una modernización estructural del sistema laboral y habilita la actualización de modalidades de trabajo y de los convenios colectivos para adecuarlos a las realidades productivas, tecnológicas y competitivas del siglo XXI”.

El debate había avanzado durante 2025 en la Cámara de Diputados cuando, tras analizarse una docena de proyectos de legisladores de diferentes fuerzas políticas, logró dictamen. Allí se estableció la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El impulso de Javier Milei
El Presidente de la Nación, Javier Milei, planteó el tema ante la asamblea legislativa del 1 de marzo del 2025. “Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos. Necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, le dijo a los diputados y a los senadores.
Días antes, una nena de siete años, Kim Gómez, había muerto durante un violento robo en la localidad de Altos de San Lorenzo, en La Plata. El hecho fue perpetrado por dos menores, uno de 14 y otro de 17 años. “Lamentablemente, llegará tarde, porque uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y no se lo puede juzgar. Y el otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que, con nuestra ley de imputabilidad, no hubiera estado libre desde un principio”, había dicho en aquello ocasión Milei.
Ahora, tras el crimen de Monzón y la viralización del video de su muerte, la senadora libertaria Patricia Bullrich posteó en sus redes sociales: “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”.
La exministra de Seguridad agregó: “Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 puñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes. Al menor que delinque, las paga. Y el que asesina no vuelve a su casa como si nada. Sin consecuencias, vía libre para delinquir. Basta de este sistema vergonzoso que protege a delincuentes y abandona a las víctimas. Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”.
El dictamen como antecedente
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes trabajó durante varios meses consensuando 12 proyectos de ley que establecían la edad de imputabilidad de los menores entre los 16 y los 12 años.
El dictamen de mayoría salió con las firmas de los libertarios, el Pro, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Se trató de un amplio consenso que modificó el proyecto original del Poder Ejecutivo, que reducía la edad de imputabilidad a los 13 años.
Finalmente, el plenario de cuatro comisiones, liderado por la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, estableció que el régimen penal se modifique de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
La bancada de Unión por la Patria entendió que la edad no debía modificarse y que tenía que permanecer en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó de plano cualquier cambio a la norma actual.
Las penalidades para los menores
El dictamen de mayoría estableció en el nuevo sistema sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas que promuevan la rehabilitación del adolescente. Entre las medidas complementarias se incluyen: asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral. También sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima.
La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios.
El proyecto también contempló la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa.
Si se dispusiera la privación de libertad, el alojamiento sería en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva.
El dictamen al finalizar el período legislativo 2025 perdió estado parlamentario y deberá nuevamente convocarse a las comisiones e iniciar el debate. El consenso alcanzado es un gran antecedente para poder llevar adelante el tratamiento de la norma.
Los senadores nacionales también presentaron diferentes iniciativas que, como nunca se trataron perdieron estado parlamentario, pero pueden servir de antecedentes para los debates actuales. TN
