Una actriz porno, el riesgo de protestas y una candidatura en peligro: Las claves del caso que complica a Trump.
La decisión de acusar al expresidente estadounidense Donald Trump por los pagos de dinero a cambio de mantener silencio realizados en su nombre durante su campaña presidencial de 2016 recae en un gran jurado de Manhattan que ha estado escuchando pruebas en secreto durante semanas.
La policía ya se prepara ante las protestas y la posibilidad de violencia después de que Trump llamara a sus seguidores a manifestarse antes de una posible acusación.
Esta situación también podría poner a prueba a un Partido Republicano que ya está dividido sobre si apoyar a Trump el próximo año, en parte debido a sus esfuerzos por no reconocer su derrota en las elecciones de 2020.
Trump niega haber actuado mal y ha criticado la investigación de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan como motivada políticamente.
A continuación las claves para entender el caso.
El gran jurado ha estado investigando la participación de Trump en un pago de US$ 130 mil realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera público un encuentro sexual que dijo haber tenido con él años antes.
El abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, a través de una empresa ficticia antes de que el republicano hiciera un reembolso a través de la empresa Organización Trump, que registró los reembolsos como gastos legales.
A principios de 2016, Cohen también hizo arreglos para que la exmodelo de Playboy Karen McDougal recibiera un pago de US$ 150 mil por parte del editor del tabloide The National Enquirer, que luego silenció su historia en una práctica periodísticamente dudosa conocida como “atrapar y matar”.
Trump niega haber tenido relaciones sexuales con las dos mujeres.
La compañía de Trump “abultó” el reembolso de Cohen por el pago de Daniels para solventar los pagos de impuestos, según los fiscales federales que presentaron cargos penales contra el abogado en relación con los pagos en 2018. En total, Cohen recibió US$ 360 mil más un bono de US$ 60 mil.
Cohen se declaró culpable de violar la ley federal de financiamiento de campañas en relación con los pagos. Los fiscales federales dicen que los pagos equivalían a asistencia ilegal y no declarada a la campaña de Trump. Pero se negaron a presentar cargos contra el propio republicano.
El equipo del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, parece estar investigando si Trump o alguien más cometió delitos en el estado de Nueva York al organizar los pagos, o en la forma en que los contabilizaron internamente en la Organización Trump.
El fiscal estableció el gran jurado para investigar si había suficiente evidencia para iniciar un enjuiciamiento, y él es el único que sabe si, o cuándo, se anunciará una acusación.
La semana pasada, los abogados de Trump dijeron que al expresidente se le ofreció la oportunidad de comparecer ante el gran jurado, lo que se considera una señal de que la investigación está cerca de terminar.
Un gran jurado está compuesto por personas extraídas de la comunidad, similar a la de un jurado de un juicio. Pero a diferencia de ellos, los grandes jurados no deciden si alguien es culpable o inocente. Solo deciden si hay pruebas suficientes para acusar a alguien. Los grandes jurados existen en el sistema judicial federal y en muchos estados.
Sí. La política de larga data del Departamento de Justicia prohíbe la acusación federal de un Presidente en ejercicio, pero Trump, que lleva dos años fuera del cargo, ya no disfruta de ese escudo legal. Y este caso de Nueva York no es una investigación federal.
En todo caso, el diario The New York Times señala que una acusación es todavía territorio inexplorado, por lo que vale la pena ser cauteloso sobre cualquier posible consecuencia.
“Esta acusación parece particularmente poco probable que dañe la base de apoyo de Trump. El público ya sabe lo de Daniels. Sus partidarios decidieron, hace mucho tiempo, que no les importaban especialmente los hechos subyacentes del caso. Un encubrimiento ilegal de un asunto privado se parece más a la acusación de perjurio contra Bill Clinton que a las cintas de Richard Nixon”, indicó el periódico.
Los procedimientos están cerrados al público, incluidos los medios de comunicación. No hay juez presente ni nadie que represente a los acusados.
Los fiscales llaman e interrogan a los testigos, y los miembros del gran jurado también pueden hacer preguntas. En Nueva York, la persona que podría ser acusada puede solicitar un testigo determinado, aunque depende del gran jurado.
Los grandes jurados de Nueva York tienen 23 personas. Al menos 16 deben estar presentes para escuchar evidencia o deliberar. Doce tienen que estar de acuerdo en que hay suficientes pruebas para emitir una acusación. El gran jurado también puede encontrar que no hay pruebas suficientes de un delito u ordenar al fiscal que presente cargos menores.
Reglas centenarias han mantenido en secreto a los grandes jurados para proteger la reputación de las personas que terminan sin ser acusadas, alentar a los testigos reacios a testificar, evitar que los que están a punto de ser acusados huyan y protegerse contra la presión externa.
Incluso si Trump es acusado, condenarlo o enviarlo a prisión podría ser un reto, indicó The New York Times. Por un lado, sus abogados seguramente atacarán la credibilidad de Cohen citando sus antecedentes penales. Los fiscales podrían contrarrestar que Cohen mintió hace años en nombre de su jefe en ese momento, y ahora está en la mejor posición para detallar la conducta de Trump, indicó el diario.
El caso contra Trump también podría depender de una teoría jurídica no probada.
Según los expertos legales consultados por el periódico, los fiscales de Nueva York nunca antes han combinado el cargo de falsificación de registros comerciales con una violación de la ley electoral estatal en un caso relacionado con una elección presidencial, o cualquier campaña federal. Dado que se trata de un territorio inexplorado, es posible que un juez lo desestime o reduzca la acusación de delito grave a un delito menor.
Incluso si se mantiene la acusación, se trata de un delito menor. Si Trump fuera finalmente condenado, se enfrentaría a una pena máxima de cuatro años, aunque el tiempo en prisión no sería obligatorio.
Funcionarios del Servicio Secreto, la policía de Nueva York y la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg se reunieron el lunes para discutir la logística de cómo arrestarían a Trump, si se presentara una acusación.
“Se le tomarían las huellas dactilares y se le tomaría una foto policial, aunque no se espera que sea ‘paseado’ o exhibido ante el público esposado”, según indicó el portal Politico.
Si Trump sería esposado dependería de Bragg, quien es demócrata. Los abogados de Trump han dicho que el expresidente se entregaría si fuera acusado.
Los agentes del Servicio Secreto acompañarían a Trump durante todo el proceso.
Fuente LT